Jaime Lissavetzky, el Secretario de Estado para el Deporte de España, ha visto recompensados sus esfuerzos por hacer más transparente el ejercicio del deporte en sí y todas las actividades que, de algún modo, se generan alrededor del deporte. Dos de sus mayores logros han sido la Ley antidopaje y la reforma del Código Penal para que el fraude deportivo sea considerado un delito.
El siguiente paso será la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley para controlar las apuestas deportivas. La ley lleva el nombre de “Ley del deporte profesional” y tienen como objeto hacer que la legalización de las apuestas no culmine en maniobras fraudulentas como ha sucedido en los últimos tiempos en países de Europa y Asia.
Para ello Lissavetzky ha contado con el asesoramiento de deportistas profesionales. El proyecto de ley contempla que los equipos de fútbol reciban un porcentaje de las ganancias que generen las apuestas, teniendo en cuenta que son los partidos de las primeras divisiones de este deporte las que generan los mayores movimientos de dinero en las casas de apuestas y, por ende, las mayores ganancias. No se ha aclarado que sucederá con el resto de las divisiones de fútbol y con otros deportes que también generan apuestas deportivas.
El Gobierno no percibe, en la actualidad, impuesto alguno por esta actividad, debido al ya conocido hecho de que las empresas suelen tener su sede oficial en sitios como Andorra, Malta, Liechtenstein o Gibraltar. Sin embargo, este tema no es, por el momento, la mayor preocupación del Gobierno, sino conseguir que los clubes reciban parte de los beneficios de las apuestas, en un intento por evitar los fraudes y la manipulación de resultados.
Cada Comunidad Autónoma tendrá, según esta ley, la potestad de decidir en qué sede física se harán estas apuestas.
